En días pasados, las y los juzgadores del país se reunieron en la ciudad de Aguascalientes para abordar, entre otros temas, lo relativo a las herramientas digitales y sus alcances para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia en México.
Esto, en el marco de la XVIII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (amij), que contó con la presencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y se llevó a cabo en una sola jornada en el Complejo Tres Centurias de la dicha ciudad capital.
La magistrada Lizett Puebla Solórzano y el magistrado Santiago Manzo Chávez participaron activamente en esta Asamblea, llamada “Los desafíos para una justicia digital en México”, en representación del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) y a través de sendas mesas de trabajo: “Género” y, “Prueba electrónica”, para la primera y el segundo, respectivamente.
En la Mesa de Género estuvieron presentes magistradas de distintas entidades y ámbitos jurisdiccionales, quienes dialogaron sobre “las resistencias del propio sistema frente al avance de la igualdad sustantiva de las mujeres”, y sobre la eficacia de las acciones sustantivas para alcanzarla, no sólo en el contexto de la justicia, sino también el político y el social.
Por lo que toca a la Mesa “Prueba electrónica”, se refirió a los criterios de la SCJN al respecto del tipo y certificación de las nuevas pruebas digitales que se presentan en las etapas de un juicio, entre otros aspectos.
SCJN, por justicia digital equitativa
Esta Asamblea Ordinaria de la AMIJ contó con la participación de las y los ministros de la Corte, incluida su presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, quien brindó el discurso inaugural destacando que,
“La justicia digital puede mejora el acceso a la justicia en nuestro país”, siempre que se disponga de plataformas accesibles para todas las personas y, sobre todo, que se ejerza con base en los principios de no discriminación y de igualdad.
“Mientras avancemos en las tecnologías que pueden eficientar los procesos jurisdiccionales, no podemos olvidar a las personas con discapacidad, a las personas de las comunidades indígenas o afromexicanas… Debemos proteger a las personas por posibles actos de discriminación o violación de sus datos personales, ocasionados por el algoritmo”, advirtió.
