En reunión semipresencial, la Comisión de Derechos Humanos, presidida por la diputada Nelly Minerva Carrasco Godínez (Morena), aprobó un dictamen en materia de acciones a favor de migrantes.
Por unanimidad de 22 votos avaló dictamen a la iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 15 Octavus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para que las acciones afirmativas que están obligados a realizar cada uno de los poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación o competencia, sean aplicables para los migrantes nacionales.
En los considerandos, el documento señala que las acciones afirmativas son políticas públicas cuyo objetivo es compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos.
Añade que el objetivo es garantizar que se respeten sus derechos humanos, y atenuar o eliminar las condiciones que les causen discriminación, así como abusos por parte de la sociedad y las mismas autoridades.
Asimismo, impulsar políticas que contribuyan a la inclusión social, superar las inequidades y la falta de igualdad de oportunidades para las personas migrantes nacionalesLa diputada Marisol García Segura (Morena) mencionó que los migrantes comparten problemas por discriminación estructural como violación de derechos humanos de parte de funcionarias y funcionarios de todos los niveles de gobierno, violencia de grupos criminales, detenciones arbitrarias, y falta de acceso a servicios básicos como atención médica y acceso a la justicia.
Agregó que, si bien es cierto que las acciones afirmativas no resuelven el problema migratorio como tal, sí compensan las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos. “Considero que la iniciativa es un esfuerzo importante a favor de las personas migrantes nacionales y, por lo tanto, mi voto será a favor”.
Trabajo social como un derecho de las víctimas
Con 21 votos la comisión avaló la opinión relativa a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 81 y 116 de la Ley General de Víctimas en materia de trabajo social como un derecho de las víctimas.
Plantea fortalecer los equipos de trabajo social para asegurar la formulación oportuna y diligente de estudios e investigación socioeconómica, diagnóstica psicosocial, de intervención metodológica y la presentación de servicios de ayuda, asistencia, atención y reparación integral del daño a las víctimas.
Considera que el trabajo social, en la mayoría de los casos, es el primer contacto profesional con las víctimas, razón por la cual es fundamental establecer una comunicación clara, amplia y precisa que permita darle una atención adecuada y eficaz.
Por ello, destaca que la reforma es necesaria, toda vez que garantiza un mayor papel de los integrantes que forman parte del primer contacto con las víctimas, además de que coadyuvará a que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas pueda contar con el personal necesario y suficiente para brindar no sólo este servicio, sino también los de atención médica, psicológica y jurídica que le permitan a la víctima el derecho a la justica y a la reparación integral.
Sobre este tema, la diputada Ana María Esquivel Arrona (PAN) subrayó que se pretende reforzar y garantizar la participación, contratación e inclusión de trabajadoras sociales en todas las áreas específicamente en esta, “porque lo que tenemos que asegurar es la formulación oportuna y diligente de los estudios en materia de trabajo social. Considero que es un impulso a la carrera de trabajo social”.
Informe estadístico de productividad
La diputada Carrasco Godínez informó que se realizó un ejercicio estadístico sobre el trabajo realizado en la Comisión. “Aunque los turnos a las distintas comisiones ordinarias no son homogéneos, el comparativo estadístico de dictaminación es un indicador de su productividad”.
