La diputada del Partido Encuentro Solidario Michoacán (PES), Luz María García García, reiteró su apoyo a la iniciativa de ley de carácter constitucional, denominada 3 de 3, para que ningún violentador pueda acceder a ningún cargo público, tanto para quienes agredan a mujeres, o bien sean deudores alimentarios.
En ese sentido, la legisladora del PES confía en que la 75 Legislatura del Congreso del Estado, abordará con responsabilidad dicha ley para que en un corto plazo se dictamine y también entre en vigor en Michoacán.
La llamada Ley 3 de 3 busca proteger los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes de manera directa, para que ninguna persona que haya cometido violencia familiar, sea deudora de pensión alimenticia o agresora sexual pueda tener un cargo de elección popular o un cargo en el aparato gubernamental.
Esta limitación a agresores y deudores, contempla a trabajadores de cualquier área de la administración pública federal, estatal, municipal o algún servidor público de algún otro poder del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
”Vemos positiva la 3 de 3 en Michoacán, ya que se debe entender que nadie está por encima de los derechos. Y también es importante hacerlo como un ejercicio de ética por parte de los políticos y servidores públicos, acorde a los valores de democracia y justicia que promovemos” afirmó la diputada Luz María García.
Analizar con responsabilidad
El bienestar de todos los integrantes de la familia, es uno de los ejes torales de las políticas que promueve el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Solidario (GPPES) en el Congreso del Estado de Michoacán, a través de la representación de las diputadas Luz María García García y Rocío Beamonte Romero.
No obstante, la diputada Luz García quien preside la Comisión de Desarrollo Integral de la Familia, aún ve puntos a mejorar de esta ley, como es el caso de la igualdad entre mujeres y hombres.
”Me parece que es una buena medida, sin embargo, hay que tomarla con ciertas reservas, ya que no sólo son los hombres los agresores, también hay mujeres agresoras que están en el servicio público o como funcionarias, en esos casos la ley debe aplicarse por igual” advirtió la diputada.
Esta iniciativa ya fue aprobada en el Senado de la República y está a la espera de su aprobación en los congresos locales. La ley establece que los requisitos indispensables para acceder a un cargo público son:
1.- El no contar con antecedentes de denuncia, investigación y procesamiento y en su caso no haber sido condenado sancionado mediante resolución firme por violencia familiar y/o doméstica.
2.- El no contar con antecedentes de denuncia investigación y procesamiento y en su caso no haber sido condenado o sancionado mediante resolución firme por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal.
3.- El no estar inscrito tener registro vigente como deudor alimentario.
