La diputada local Adriana Hernández Íñiguez puntualizó que el deber de todas y todos los legisladores es velar por el interés superior de la niñez y de las familias michoacanas, por lo que presentó una iniciativa para prevenir la violencia familiar y buscar mayores sanciones para ésta.
“Cumpliendo con mi deber como diputada de proteger el interés superior de la niñez y el bienestar de las familias michoacanas, propongo incorporar en el Código Penal del Estado el delito de fraude familiar, el cual prevé y sanciona la violencia familiar; así como describir en el artículo 220 las conductas consideradas como violencia familiar, delitos que tanto lastiman a nuestra sociedad”.
En la tribuna del recinto legislativo expuso que la violencia de tipo económica-patrimonial en contra de la familia se encuentra descrita dentro del tipo penal de violencia familiar, siendo la conducta más común el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, delito que se encuentra contemplado por las 32 entidades federativas con distintas redacciones y sanciones; para el caso de Michoacán, el artículo 178 del catálogo de delitos señala que “Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo conductas que agredan física, psicológica, patrimonial o económicamente”, lo que no describe en qué consisten cada uno de estos tipos de violencia, dejando al árbitro de los operadores del derecho la interpretación subjetiva para encuadrar el delito de violencia familiar, por lo que, un buen número de estas acciones permanecen impunes.
“La violencia que se vive en el seno de la familia es multifactorial y multidimensional, por lo que se han llevado a cabo diversos estudios, foros, se han presentado iniciativas y se han promulgado leyes que prevén y sancionan la violencia familiar. Sin embargo, poco se ha legislado sobre las artimañas de las que se valen quienes ejercen el tipo de violencia económica-patrimonial, que sin duda afecta negativamente la subsistencia de sus integrantes”, señaló.
La diputada priista agregó que al aprobar esta iniciativa estarían también cumpliendo con la armonización legislativa correspondiente como se mandata en la carta Federal derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011.
