Para garantizar el desarrollo sostenible del Área Natural Protegida.
El Gobierno de Michoacán, a través de la Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam), vigila que toda obra que sea sujeta de revisión por parte del estado, se realice conforme a lo establecido en la legislación ambiental, máxime en sitios de especial importancia natural para la entidad, es por ello que, se mantiene vigilante del desarrollo de las actividades de remodelación del Parque Nacional Lago de Camécuaro.
Dicha obra, cuyo propósito es mejorar la calidad de los servicios turísticos, es principalmente vigilada por las autoridades federales, al tratarse de un Área Natural Protegida de jurisdicción federal, explicó Arturo Chávez, titular de la Proam, sin embargo, precisó que la dependencia, de conformidad con los artículos 6° fracción III y 14 fracción IX de la Ley para la Conservación y Sustentabilidad Ambiental del Estado, es competente para emitir recomendaciones de índole administrativa y de interés social del cuidado del ambiente, por lo que se hicieron llegar una serie de consideraciones técnicas-jurídicas del proyecto.
Asimismo, esta dependencia inició anteriormente un procedimiento administrativo con el objetivo de vigilar la aplicación de medidas para garantizar el desarrollo sostenible del sitio, por lo que el ayuntamiento presentó un Estudio de Daño Ambiental en el que se especificaron los puntos a seguir para cumplir en materia ambiental y asegurar la protección del sitio.
“Las acciones que se implementaron por parte de la Proam son conforme a las atribuciones que nos confiere la Ley, valorando en el proyecto de obra una previsión para proteger la infiltración de los manantiales y la sanidad de los mismos”, explicó.
Dentro de las recomendaciones que la Proam realizó, se conminó al ayuntamiento a que se impulsen proyectos relacionados con un plan de manejo sostenido de la microcuenca del Lago de Camécuaro para controlar las afectaciones que repercutan directa e indirectamente sobre el cuerpo de agua de Camécuaro y sus ecosistemas coexistentes para regular el aprovechamiento, restauración y conservación del suelo, así como diseñar y ejecutar políticas públicas proclives a mantener un adecuado equilibrio ecológico-turístico, y procurar la actividad turística de bajo impacto.
