Para ello, el diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN) propuso reformar la Ley Orgánica del Congreso General
El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (PAN) planteó reformar el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General, con el objetivo de crear la Comisión de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad en la Cámara de Diputados.
La propuesta explica que la finalidad es contar con un órgano y personal especializado en materia de ciberseguridad, inteligencia artificial y temas relacionados, como el machine learning, el deep learning, las redes neuronales, el ciberespacio y el metaverso, para que las propuestas legislativas que se presenten sean dictaminadas de manera congruente y consistente, con una visión técnica.
El documento, turnado a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, refiere que en el mundo se han incrementado los ataques cibernéticos, especialmente después de la pandemia por Covid-19, por la ampliación exponencial del uso de medios electrónicos.
Ante ello, añade, expertos han alertado sobre el incremento de los embates cibernéticos y el robo de información, tanto en las empresas privadas como en el sector público.
De acuerdo con datos de la multinacional Fortinet, durante el primer semestre de 2021 se registraron más de 91 mil millones de intentos de ciberataques en Latinoamérica, de los cuales más de 60 mil millones ocurrieron en México, lo que ubica a nuestro país en primer lugar en la región frente a este tipo de amenazas.
La exposición de motivos de la iniciativa destaca que la pornografía infantil en el ciberespacio es el delito de mayor incidencia para investigación cibernética de las autoridades competentes en México, sin que hasta el momento se cuente con un marco legal robusto que permita prevenirlo, investigarlo y sancionarlo.
Menciona que, según información de la Guardia Nacional, entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2020, la pornografía infantil fue el ciberdelito más denunciado en el país con 28 por ciento de las investigaciones. Le siguió el secuestro, 14 por ciento; la trata de personas y la desaparición de personas, 9 por ciento cada uno, y los fraudes electrónicos, 4 por ciento.
Asimismo, en 2022 se reveló que varias dependencias han sido atacadas por ciberdelincuentes, entre ellas las secretarías de la Defensa Nacional, de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública, así como el Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Por ello, destaca la importancia de contar con una regulación jurídica adecuada y especializada para prevenir, investigar y sancionar estos delitos de ciberdelincuencia o, de lo contrario, las autoridades investigadoras y jurisdiccionales se encontrarán en desventaja frente a las organizaciones de ciberdelincuentes que operan en todo el mundo a través de Internet.
De aprobarse esta iniciativa, la Cámara de Diputados dará un paso importante hacia la construcción de un andamiaje jurídico especializado en esta materia, subraya.
