• Esta herramienta digital ayudaría a reducir, sancionar y prevenir malas prácticas, que en 2021 costaron 9 mil 500 mdp
El diputado Andrés Pintos Caballero (MC) propuso a las y los ejecutivos de las 32 entidades federativas el uso de la tecnología blockchain en funciones administrativas para mejorar la transparencia y el combate la corrupción.
Lo anterior, mediante un punto de punto de acuerdo turnado a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, por el que se exhorta a las y los mandatarios locales para que apliquen esta herramienta tecnológica que permite la transferencia de datos digitales con una codificación sofisticada y de manera segura.
A través de este instrumento, establece el documento, se tiene la capacidad de ayudar a resolver problemas políticos, sociales, industriales y económicos, ya que su implementación fortalecería los esfuerzos que se han aplicado para reducir, sancionar y prevenir los efectos de la corrupción.
De igual forma, se reduciría de manera muy significativa el margen de acción de los servidores públicos que suelen caer en prácticas ilícitas, garantizar la transparencia, aumentar la confianza ciudadana y beneficiar a todos en el país.
El exhorto presentado por MC indica que el uso de las nuevas tecnologías ha revolucionado el mundo en el que vivimos por la inmensa cantidad de bondades que traen consigo, además de que su uso es cada vez más profundo a nivel nacional e internacional, lo que las ha convertido en indispensables.
Resalta que, en el combate a la corrupción, la cantidad de recursos que se pierden por esta acción se eleva a miles de millones de pesos; tan solo en 2021 el costo de los actos de corrupción en México derivado del pago de trámites, solicitud de servicios públicos y otros fue de casi 9 mil 500 millones de pesos, a pesar de haberse reducido en al menos 33 por ciento en comparación con 2019.
Señala que la erradicación de la corrupción se ha convertido en un tema prioritario, donde la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reconoce que este mal es una amenaza para la gobernanza, el desarrollo sustentable, los procesos democráticos y las prácticas corporativas justas.
Con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en 2016, se ha intensificado este combate; sin embargo, no ha sido suficiente ni se han obtenido los resultados esperados, porque a la fecha continúa la corrupción en las instituciones públicas y la falta de rendición de cuentas por parte de los servidores públicos.
El punto de acuerdo agrega que es necesario combatir esta problemática de una manera frontal y sin descanso, con la suma de esfuerzos de autoridades, organizaciones civiles y ciudadanía.
