A través de Cedemun de manera conjunta con el IEM se realizaron exposiciones sobre las normas jurídicas en la materia
Con las capacitaciones, los municipios conocerán de mejor forma el marco jurídico de su actuación y la nueva forma democrática de participación, que es fundamental en las decisiones que puede tener la ciudadanía, afirmó el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña.
Esto al encabezar el acto de inauguración de la capacitación denominada: Intervención de los Ayuntamientos en el Observatorio Ciudadano, Presupuesto Participativo y Consulta Ciudadana, que el Centro Estatal de Desarrollo Municipal (Cedemun), llevó a cabo en coordinación con el Instituto Electoral de Michoacán (IEM).
Ante servidoras y servidores públicos municipales, Torres Piña destacó la vocación municipalista con la que la actual administración estatal, que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, trabaja desde el primer día de gestión, prueba de ello, dijo, es el rescate del Cedemun para que funja como una coordinación y que pueda tener una relación directa y constante con los ayuntamientos en cuanto a capacitación y acompañamiento institucional.
Dijo también que en la propuesta de presupuesto que el Ejecutivo envió al Legislativo para el año 2023, las participaciones municipales tendrían un incremento del 18 por ciento con respecto al 2022, lo que haría fortalecer el trabajo de los ayuntamientos para que puedan cumplir con sus compromisos con la ciudadanía y dar resultado a sus demandas.
Finalizó al asegurar que para la actual administración estatal, resulta de la mayor importancia trabajar sin distingos partidarios, ni de colores, ni ideológicos, esto en el ánimo de hacer las cosas bien como funcionarios y con la responsabilidad de darle respuesta a la ciudadanía, de ahí la trascendencia de este tipo de esto eventos.
Por su parte, el vocal ejecutivo del Cedemun, Jesús Mora González, explicó a las y a los representantes de los 96 municipios presentes en esta reunión que el objetivo es dar a conocer los mecanismos con los cuales, las y los ciudadanos pueden decidir el destino en el que deban aplicarse los recursos públicos en términos de la ley.
