El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Giovanni Lepri, firmaron un convenio de colaboración para brindar atención integral al Desplazamiento Forzado Interno (DFI).
Ramírez Bedolla puntualizó que el 80 por ciento de las personas desplazadas de Michoacán se concentran en albergues de Tijuana y son en su mayoría mujeres, por ello, se signó este convenio para atender temas de movilidad humana y restituir los derechos de las y los michoacanos. Esto, tras reconocer un problema real que se tienen que atender de forma interinstitucional.
“Atendemos el tema en conjunto con diversas instituciones, y ahora con esta firma de convenio con ACNUR se nos brindarán herramientas para atender el desplazamiento forzado con su asesoría y acompañamiento técnico”, destacó.
La titular de Semigrante, Brenda Fraga Gutiérrez, brindó un panorama general de las acciones que se han generado para atender el DFI, entre las que se destacan las emergentes (reuniones con colectivos, diagnósticos y visitas a 26 albergues fronterizos); todo ello, en coordinación con un grupo de 17 dependencias y cinco representantes de la sociedad civil que forman parte del Comité Interinstitucional para la Atención al Desplazamiento Forzado en el Estado de Michoacán.
Explicó que se alistan los detalles para la presentación de la Iniciativa de Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y detalló el proceso de colaboración con ACNUR para generar soluciones duraderas al DFI, tales como integración laboral y trabajo digno.
Semigrante ha brindado atención a 100 núcleos familiares michoacanos en situación de DFI con orientación jurídica y la canalización a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas o en su caso brindando acompañamiento en diversos procesos ante distintas dependencias.
El representante en México de ACNUR, Giovanni Lepri destacó que el DFI afecta a 59 millones de personas en todo el mundo, enfatizando que la atención del fenómeno de movilidad humana recae en autoridades estatales. En ese sentido, reconoció la tarea que ha realizado el equipo de Semigrante y aportó que, desde ACNUR contarán con la asesoría necesaria con la finalidad de atender las violaciones de los derechos humanos que genera el desplazamiento forzado.
