Derivado de los hallazgos de presuntas irregularidades y malos manejos por parte de la administración de Silvano Aureoles Conejo, se han iniciado procedimientos e investigaciones para conocer el destino de más de 12 mil millones de pesos por posible ejercicio irregular en diferentes dependencias del Gobierno de Michoacán, dio a conocer la Secretaría de Contraloría del Gobierno de Michoacán Azucena Marín Correa.
En entrevista con medios de comunicación señaló que no se descarta hasta el momento que en próximas fechas comiencen a salir a la luz pública más procedimientos e irregularidades, sin emabrgo de momento se tratan de estos 12 mil millones de pesos que se desconoce su destino.
Al respecto, señaló que actualmente son las Secretarías de Seguridad Pública, de Educación y de Salud las que concentran las denuncias por presuntas irregularidades, por lo que ya han iniciado procedimientos para poder determinar que fue lo que ocurrió en estas dependencias.
Por su parte, enfatizó que a la fecha un total de 63 ex funcionarios, tanto secretarios de primer nivel, como jefes de departamento, entre otros han sido notificados de su inhabilitación, derivado de las denuncias e investigaciones.
A pregunta expresa, evitó dar a conocer el nombre de los funcionarios, al referir que por ley no puede dar particulares de los involucrados en la adminsitración, sin embargo reiteró que se tratan de estas tres dependencias las que lideran el número de denuncias.
Además, señaló que desde la semana pasada comenzaron a citar y a desahogar las comparecencias de funcionarios públicos que ya han sido localizados, mientras que se espera que esta y la próxima semana continúen las audiencias.
Cabe señalar que anteriormente la Contralora de Michoacán había dado a conocer que los ex funcionarios habían sido omisos en dar sus domicilios, presuntamente para evitar ser notificados de procedimientos de este tipo, por lo que ya se ha requerido de esta información a las diferentes dependencias, para poder avanzar en las investigaciones de los presuntos funcionarios públicos involucrados.
