Para dar certeza, seguridad jurídica y legalidad, sobre los recursos públicos es necesario establecer quiénes son los funcionarios obligados a cumplir con la fianza, así como los criterios, procedimientos y formas en las que se debe de cumplir, tanto en las dependencias y entidades de la administración pública estatal, en los órganos autónomos, el Poder Judicial y el Legislativo, así como en ayuntamientos para poder contar con una clara y transparente rendición de cuentas, en pro de mantener finanzas sanas en nuestra administración pública.
La Iniciativa presentada por la legisladora de Morena que contiene Proyecto de Decreto por el que se adiciona, se deroga y se reforman diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo y se derogan diversos artículos de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Michoacán de Ocampo, se modifican diversos artículos de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, tiene como objetivo establecer quienes son los sujetos obligados a cumplís con dicha fianza.
Ya que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, establece en el artículo 136: “Los empleados que manejen fondos públicos otorgarán fianza en la forma que la ley señale”.
Lo que significa que la fianza es un tipo de garantía que trata de asegurar el cumplimiento de una obligación, en particular la relacionada con el manejo y administración de fondos públicos, que pueden ser locales y federales.
La diputada manifestó en su participación en tribuna que actualmente el modelo que se tiene en Michoacán, no establece una base jurídica para dar certeza a las fianzas que deben otorgar los servidores públicos que manejen fondos públicos y además, existe una contradicción de quién es competente para otorgarla, porque no se señala de manera clara qué servidor público está obligado a otorgar la fianza y ante quién. Aunado al hecho de que no se menciona sobre cuales fondos es que se debe de garantizar por parte de los servidores públicos, esto es, si federales o locales.
La diputada finalizó señalando que lo que se busca es contar con un marco jurídico claro que permita determinar las responsabilidades de cada funcionario que maneje recursos públicos, que brinde certeza y transparencia en el manejo de los recursos públicos, en pro de un mejor y eficiente gasto de los mismos.
