México es un país con alta percepción ciudadana en torno a la corrupción; y, no obstante, el combate integral de este fenómeno lleva muy poco tiempo si bien, fundado en un robusto conjunto de normas que lo articulan en todo el país.
Sobre ello habló el magistrado Sergio Mecino Morales, integrante del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM), a estudiantes de la Universidad Latina de América este martes 27 de septiembre.
l magistrado expuso sobre “El Procedimiento de Responsabilidad Administrativa”, que es hoy en día, el instrumento jurídico mediante el cual se juzgan las faltas y/o hechos de corrupción por parte de los servidores públicos e incluso, los particulares, según las modificaciones constitucionales en la materia.
El magistrado titular de la Quinta Sala Especializada en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del TJAM, advirtió que nuestro país “no llega siquiera a la medida latinoamericana en cuanto a percepción de la corrupción”, en referencia al índice de Transparencia Internacional, donde el país mantuvo una puntuación de 31 puntos -de una escala de 0 a 100- en los años 2020 y 2021.
Frente a tal problemática, en décadas recientes México suscribió tres tratados internacionales comprometiéndose a combatir este fenómeno, pero no fue hasta 2015 que, con base en una reforma a la Constitución Política y la creación de siete leyes secundarias, “se aplicó a elaborar un Sistema Anticorrupción que, a la vez que cumple con esas convenciones internacionales, pueda combatir la corrupción y, finalmente, cambiar esa percepción ciudadana”.
No se trata, indicó el magistrado, de que tal percepción esté equivocada, porque “buena parte de las personas ha sido víctima de la corrupción, o la ha ejercido para acceder a un servicio o trámite administrativo”; pero sí, se trata de impulsar el Sistema Anticorrupción, a fin de que los conceptos constitucionales sobre el ejercicio público –eficiencia, eficacia transparencia y honradez– se cumplan, y ayuden a erradicar el fenómeno.
