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De manera particular destacó la iniciativa que ha propuesto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, de manera que por norma se establezcan Tribunales Especializados en Violencia de Género.
Una agenda de género de hecho y no de dicho, es la promovida durante los dos periodos de sesiones del primer año de trabajos de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado, por la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada por el Distrito de Zacapu, señaló que de las nueve iniciativas de reforma que ha promovido sobre diversas normas estatales, tres de ellas buscan responder a la situación de violencia, discriminación y riesgo que enfrentan las mujeres día a día.
“También hemos planteado un par de iniciativas que buscan que tanto en la Constitución del Estado, como en la Federal se garantice a plenitud los derechos de toda persona más allá de su orientación sexual e identidad de género”.
De manera particular Mónica Valdez destacó la iniciativa que ha propuesto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que por norma se establezcan Tribunales Especializados en Violencia de Género.
La legisladora subrayó que a partir de una reforma que planteó al Código Electoral del Estado, ahora en Michoacán por mandato de Ley ya no podrán postularse como candidatos a algún cargo de elección, las personas sentenciadas por violencia de género y por ser deudores alimentarios morosos.
“Es nuestro interés que la mano de las mujeres se vea también reflejada en un manejo financiero ordenado dentro del Congreso, por eso como presidenta del Comité de Administración y Control, he asumido un compromiso para que la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los ordenamientos legales en la materia, se puedan ver reflejados en el corto plazo en el ejercicio de los recursos públicos del Poder Legislativo”.
Mónica Valdez apuntó que como diputada del PRD ha promovido también reformas a las leyes para la Prestación de Servicios de Atención Infantil, de Salud Mental del Estado, de Salud y de Educación, así como al Código Desarrollo Urbano, la Ley Orgánica Municipal y Ley de Fiscalización Superior del Estado.
