¿Es correcto que el gobierno dé dinero público a los empresarios del fútbol?

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Se le reconoce al gobernador enfrentar los cuestionamientos y transparentar los apoyos económicos a la gente del fútbol, pero ¿es lo adecuado, cuando hay tantas otras necesidades apremiantes?

En Público

Por Sergio Torres Delgado

El gobernador morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, aceptó en su conferencia de prensa del lunes 25 del mes en curso las aportaciones que su administración ha dado al equipo de fútbol Atlético Morelia.

Hay que reconocer al mandatario por no evadir el tema y dar la cara para reconocer y mostrar las aportaciones del Ejecutivo local a los dueños del equipo moreliano, ya que al parecer son casi una veintena de socios, y a su presidente, el controvertido José Luis Higuera.

Está bien que se tenga fútbol en la ciudad, es un deporte, es un espectáculo, que trae recreación, entretenimiento y tiene incluso un efecto catártico que canaliza las emociones. A veces, al filo de la navaja, como ocurrió con los lamentables hechos ocurridos en el partido de primera división entre Querétaro y Atlas en el estadio Corregidora.

Pero, hasta dónde el gobierno debe poner para esa industria multimillonaria en la que algunos se llevan estratosféricas ganancias.

Para empezar, el gobierno del estado -y no desde ahora, esto ya es una costumbre, mala costumbre- presta el estadio Morelos, ya que este es propiedad gubernamental, como bien lo precisó el mandatario.

Además de aportar el escenario, el gobierno también dota de poco más de un millón de pesos mensuales a los empresarios futboleros, según lo dicho por el propio Ejecutivo. En realidad la suma asciende a 1.5 millones mensuales.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el titular del gobierno michoacano, tan solo de octubre a diciembre del 2021, su gobierno cedió 4 millones 479 mil pesos a los socios propietarios del Atlético Morelia.

Esos casi 4.5 millones de pesos en tres meses corresponden a los conceptos de: 1. Promoción; 2. Servicio de pipas de agua; 3. Jardineros; 4. Seguridad; e, 5. IVA.

Ojo, eso es solamente de octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Si eso lo trasladamos a enero, febrero, marzo y este mes de abril que está por concluir, estaríamos hablando de unos 10 millones de pesos más tan solo en 2022.

En total, a grandes rasgos, serían ya entre 14 y 15 millones de pesos de octubre de 2021 a abril de 2022.

Y la pregunta es, ¿para eso fue el reemplacamiento?

Por otra parte, tal vez se entendería, que no justificaría, que lo hiciera un gobierno perredista, panista o priísta, pero ¿morenista?

En fin, sigue la tónica a nivel local de favorecer negocios de particulares con recursos públicos.

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