*Pretende que se realicen estudios de impacto social, previo a la publicación de una convocatoria para la licitación de un contrato de obra pública
La Diputada local Adriana Hernández Íñiguez presentó una iniciativa para que se realicen estudios de impacto social en cualquier municipio de Michoacán, antes de realizar obras de infraestructura, con la finalidad de preservar el tejido social y el medio ambiente.
“La pregunta no es si se debe realizar obra, sino cómo hacer que la misma no incida de forma negativa en el entorno social de aquellas zonas donde se realiza, si no que sus beneficios sean reales y permanentes”, señaló.
Mencionó como ejemplos el proyecto “Papaloapan” que trajo consigo varias obras públicas en Oaxaca en la década de los cincuenta, implicando el desplazamiento de cientos de pobladores indígenas de la región y la inundación de numerosos poblados. Así como la construcción del aeropuerto central de la capital del país al inicio de la década mencionada, lo que implicó la expropiación de tierras de las comunidades del Peñón de los Baños y San Juan de Aragón, habiendo provocado esto la pérdida de derechos agrarios de cientos de campesinos y el desplazamiento de algunos de ellos hacia nuevos centros de población en el estado de Morelos. Asegurando que los ejemplos citados no tienen otro objetivo que ilustrar sobre las consecuencias que la obra pública tiene sobre el entorno social, pues en muchas ocasiones éstas violentan derechos fundamentales en prejuicio del tejido social y medio ambiente.
“No significa que tengo una postura contraria a la construcción de obra pública. Por el contrario, estoy convencida de los efectos benéficos que ésta tiene para la economía y el bienestar social, pues la misma trae consigo generación de empleos, dotación de más y mejores servicios públicos y la incorporación de individuos y regiones a los beneficios del desarrollo. Sin embargo, ésta puede acarrear consecuencias funestas para el entramado social”, afirmó.
En su participación en Tribuna, durante la primera sesión del segundo periodo legislativo, comentó que se debe contribuir a aligerar la tensión existente entre la satisfacción de servicios y la preservación de la identidad comunitaria y el medio ambiente.
Agregó que la incorporación de estudios sobre impacto social a los procesos de obra pública no es tan solo un imperativo ético, sino una obligación legal derivada de la suscripción de México a diversos tratados internacionales.
La iniciativa pretende reformar el artículo 10 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios; en donde se establezca que se tienen que realizar estudios de impacto social previo a la publicación de una convocatoria para la licitación de un contrato.
