En Público
Por Sergio Torres Delgado
El pasado día 9 del mes en curso, en un hecho sin precedentes, la justicia federal concedió el amparo en favor de Claudia Verduzco Moreno, aspirante a integrar el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de Michoacán.
La candidata se vio obligada a recurrir a dicho recurso legal debido al rosario de anomalías, algunas de ellas escandalosas, relativas no solamente al procedimiento de selección respectivo, sino al proceso mismo de integración de la Segunda Comisión de Selección nombrada por la 74 Legislatura del estado.
Son tres los amparos interpuestos sobre el particular. Además de Verduzco Moreno, también presentaron los integrantes del CPC -Elizabeth Vázquez Bernal, Víctor Hugo Vieyra Avilés y César Arturo Sereno Marín-, así como otro de los candidatos a formar parte del Comité.
Cabe resaltar que, una vez otorgado el amparo a Verduzco Moreno, únicamente falta conocer en próximos días el sentido de la resolución que dicte el juez y que podría ser en el sentido de ordenar la reposición del procedimiento o, bien, constreñirse únicamente a la revisión de los resultados, los cuales sufrieron alguna alteración para dar como ganador a Carlos Alberto Gamiño García, cuando en realidad la ganadora habría sido la recurrente.
Lo anterior, de acuerdo con tres de los nueve miembros de la Segunda Comisión de Selección: Juan Carlos Miranda Rosales, Miguel Ángel Medina Romero y José Cuitláhuac Guzmán Hernández.
El CPC se integra, de conformidad con el marco normativo, por cinco integrantes, sin embargo, a la fecha solamente opera con tres, ya que la designación propuesta por la mayoría de la Segunda Comisión al Congreso del Estado -la cual recayó en la persona de Gamiño García- carece de validez jurídica hasta en tanto se emita el fallo respectivo.
Por otra parte, todavía falta por designarse a un quinto elemento del CPC, cuya convocatoria habrá que esperar próximamente.
Presidenta del CPC interpone denuncia por presunto fraude en Salud
Elizabeth Vázquez Bernal, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), se presentó el 14 de febrero ante la secretaría Ejecutiva del SEA para interponer denuncia por un presunto fraude de 400 millones de pesos, presumiblemente registrado de 2015 a 2021, durante el gobierno perredista de Silvano Aureoles Conejo.
El hecho habría consistido en el incumplimiento de distintos aspectos del programa Convoy de Mastografías, por ejemplo, en lo relativo a la cantidad de estudios pactados, la entrega de diagnósticos equivocados y el tardío reporte de resultados a las pacientes, que a la postre tendrían que ver en la muerte de mujeres debido a tales irregularidades y negligencias.
Lo anterior, a través de la empresa Movimedical S.A. de C.V., la cual fue contratada a través de licitación pública, en la que no se presentó ninguna otra opción, para brindar el servicio integral de detección y diagnóstico del cáncer de mama, que significó un gran negocio para la firma, la cual tenía como asesor en Administración de Proyectos a Federico Madrazo Rojas, hijo del excandidato presidencial priísta Roberto Madrazo Pintado.
La presidenta del CPC retomó la investigación periodística dirigida por Patricia Monreal y patrocinada por 5º Elemento Lab, de la cual se puede desprender que el actual secretario de Salud del gobierno bedollista, Elías Ibarra Torres, pudo tener conocimiento y responsabilidad del programa, ya que también fue titular del ramo durante el mandato de Aureoles Conejo, de abril de 2017 a marzo de 2018.
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