En Público
Por Sergio Torres Delgado
Más pronto cae un hablador que un cojo, reza uno de los famosos refranes mexicanos, reflejo de la sabiduría popular. Y así pasó con todos aquellos que se decían en contra del gravamen por el reemplacamiento vehicular, como los diputados priístas encabezados por Jesús Hernández Peña, en el Congreso del Estado.
Lo mismo ocurrió con Baltazar Gaona, cabeza de los diputados petistas, quien se pronunciaba por un reemplacamiento gratuito, para después recular. Julieta Gallardo, diputada independiente luego de renunciar al Partido de la Revolución Democrática, también se decía en contra del reemplacamiento, al cual calificó como ”impuesto disfrazado de seguridad”, pero luego parece haber cambiado de opinión.
Los legisladores panistas, dirigidos por Óscar Escobar Ledesma, hablaban también de gratuidad para los propietarios de vehículos que estaban al corriente, pero a final de cuentas solo buscaban -como todos los grupos parlamentarios- un motivo de negociación para conseguir el apoyo que a cada quien le interesaba.
Por supuesto a nadie la interesaron las y los michoacanos, aunque digan que la aplicación del impuesto vía reemplacamiento es por nuestro bien y hasta buscando chivos expiatorios, como es el caso del exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo, contra quien todavía no se ha presentado ninguna denuncia por las diversas irregularidades que el gobierno morenista de Alfredo Ramírez Bedolla ha denunciado:
Derroche en la renta de aeronaves a una empresa constituida un mes antes de que entrara en funciones, los presuntos desvíos en la adquisición del sistema del Centro de Comando y Control (C5i), los miles de millones de pesos destinados al espionaje de las y los michoacanos, y la irregular construcción de los cuarteles de la policía estatal.
Es decir, ahora Aureoles Conejo también es culpable del reemplacamiento vehicular.
Hay que decirlo, guste o no, así hayan apoyado y justificado a Silvano en todo, los únicos diputados locales que votaron en contra fueron Víctor Manuel Manríquez González y Mónica Estela Valdez Pulido, de la bancada perredista. El primero de ellos, su coordinador. Fueron los únicos congruentes con su postura, aunque, también hay que mencionarlo, aquella responde a la acérrima rivalidad con sus ahora excompañeros de partido convertidos en miembros de Morena.
De los diputados morenistas, coordinados por Fidel Calderón, ni hablar. Si por ellos hubiera sido, habrían aplicado las tarifas más altas en el cobro del reemplacamiento, ya que vale más un gobierno rico que un gobierno pobre.
De los pocos morenistas que abiertamente se han opuesto al reemplacamiento, aun cuando no ostentan una curul en el Congreso michoacano, son el diputado federal Carlos Manzo (IDI Media 24/11/21). Pero el que fue más sincero aún en su sentir y pensar, fue el exdirigente morenista en la entidad, Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, quien ni siquiera titubeó al calificar de “mierdas” y “cerdos” a quienes propusieron y a quienes aprobaron el impuesto (Contramuro 24/12/21). Son como Silvano, dijo el actual delegado de la secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU).
En el Congreso del Estado lo que se vivió fue, como siempre, un simple intercambio de favores en el que la moneda de cambio fue el reemplacamiento, nueva deuda estatal por 470 millones de pesos -para sumar 1 mil 870 millones en el primer trimestre del bedollismo-, el incremento del 9 por ciento en las tarifas de agua en la capital michoacana y 700 millones de pesos de deuda para el edil panista-perredista Alfonso Martínez Alcázar, así como las leyes de ingresos municipales y, quien sabe, hasta los expedientes que hay en la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
El gobierno del estado se fue por la fácil para contar con más de 81 mil millones de pesos para 2022: impuestos a la población y nuevos endeudamientos para Michoacán, al mero estilo neoliberal y siguiendo el caminito ya marcado por los exgobernadores perredistas, ahora morenistas, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel.
En resumen, todos aquellos que se decían en contra del reemplacamiento, mejor debieron haber guardado silencio, porque ahora lo único que ocurre es que han dado pie a pensar que les llegaron al precio, aunque dicen que ya no hubo moches -sobornos- en la Cámara de diputados de Michoacán para convencer a la oposición.
La única esperanza de proscribir el reemplacamiento vehicular será la decisión de los senadores Blanca Piña, Cristóbal Arias, Casimiro Méndez y Germán Martínez, quienes advirtieron que presentarían un amparo colectivo en caso de aprobarse la medida recaudatoria, con su respectiva publicación en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán.
Además, hay que ir preparando el bolsillo para el inminente aumento al transporte público, así como el aumento general de precios ante el efecto inflacionario.
Muy recomendable, la lectura de la columna de Carlos Alberto Monge Montaño, Libre Expresión, titulada “Alfredo Ramírez incumple compromiso de no más impuestos”.
Finalmente, sería bueno saber qué quiso decir Eligio González, dirigente estatal priísta, al señalar -ante la aprobación del reemplacamiento- que “se debió ser más solidario con los michoacanos” (Fuego en la Noticia 24/12/21). Significa que sus diputados se fueron por la libre o simplemente un intento por justificarse culpando al gobierno morenista, ya que sus legisladores también aprobaron la medida.
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