Juan Carlos Miranda Rosales, José Cuitláhuac Guzmán Hernández y Miguel Medina Romero, de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Michoacán -compuesta de nueve miembros-, desconocieron a Carlos Alberto Gamiño García como nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana (CPC), ya que la verdadera ganadora del proceso de selección habría sido Claudia Verduzco Moreno, quien obtuvo las mejores calificaciones.
En rueda de prensa ofrecida en días pasados, los tres comisionados informaron que si bien el 10 de noviembre el exasesor de la diputada local morenista Cristina Portillo Ayala había logrado siete votos a favor por dos en contra, con los cuales se daba por ganador de la convocatoria emitida en octubre, en los días subsiguientes descubrieron que los resultados de las evaluaciones -sobre los cuales emitieron su voto- habían sido alterados.
Aunque los comisionados se rehusaron a presumir que se trató de un fraude, quedó en evidencia el aparente uso de trampa para buscar el nombramiento del exasesor de Portillo Ayala, diputada que no solo perteneció a la 74 Legislatura encargada de nombrar a la actual Comisión de Selección, sino que presidió la Comisión de Gobernación que, junto con la de Justicia, fueron las encargadas de dictaminar respecto a los nueve comisionados ciudadanos, entre quienes además está el matrimonio conformado por Blanca Liliana Ramón Mena y José Luis Cortés González.
Aunado al presunto conflicto de interés derivado de la relación Gamiño García-Portillo Ayala y a una cuestionable integración de la Comisión de Selección -donde de acuerdo con la ex comisionada Elvia Higuera hay gente sin antecedentes en el combate a la corrupción-, se suman las exigencias de enderezar el proceso, lo que implica la corrección de los resultados alterados, lo que a su vez dejaría como ganadora a Claudia Verduzco.
Sin embargo, tendrán que enfrentar la negativa de los otros seis comisionados: el matrimonio Ramón Mena-Cortés González, Erika María Díaz Arias, José Rodrigo Reyes Pérez, Aurelia Yuricxi Suárez Torres y Mario Vigil Martínez, quienes -a decir de los disidentes- firmaron un acta para avalar el nombramiento de Carlos Alberto Gamiño, pero con un cargo distinto al cargo legal de comisionado del Comité de Participación Ciudadana, lo que constituye otro traspié en esta cadena de errores y desaciertos.
Además, el proceso de selección se encuentra impugnado por uno de los aspirantes, quien se inconformó contra el inciso c) de la Base primera de la convocatoria. Inciso que exigía “haber denunciado casos de corrupción ante las instancias de contraloría municipal o estatal, Fiscalías anticorrupción estatal o federal, y/o ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán”, requisito que hizo restrictiva la convocatoria y que inmediatamente dio pie a la sospecha de que el proceso pudiera tener dedicatoria. Con tal inconformidad, se deja abierta la puerta a una eventual reposición del procedimiento.
Además de Claudia Verduzco y Gamiño García, también estuvieron en la etapa final otros cuatro aspirantes: José Fernando Cortés Velázquez, José María Gerardo Carmona Rocha, Alberto Sánchez Cárdenas y Ma. Guadalupe Barragán Benítez.
Para hacer más complejo el panorama, pero positivo para que se vuelva al cauce legal, los tres comisionados inconformes con la alteración de resultados revelaron que dos de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEA presentaron sendas impugnaciones contra el proceso de selección.
En resumen, el proceso de integración de la Comisión de Selección y el propio proceso de selección de un integrante del CPC han estado plagados de irregularidades y se han convertido en un espectáculo bochornoso, lo que es una lástima, toda vez que hablamos de órganos ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción.
Hay quienes dicen que se trata de una pugna de intereses supuestamente entre un sector empresarial vinculado al Partido Acción Nacional y el grupo de la exdiputada local. Puede ser, sin embargo, lo que no se justifica es el uso de artimañas y trampas para tratar de imponer a uno u otro de los aspirantes a integrante del Comité de Participación Ciudadana.
Lo desafortunado es que la lucha anticorrupción y la participación ciudadana se vean empañados por prácticas viciadas y fraudulentas, que pretenden la simulación en el combate al fenómeno que se buscaría atacar.
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