| 251/2021 |
| Presentó la iniciativa para modificar del artículo 13 del Código Electoral del Estado de Michoacán Para contribuir a erradicar la violencia política contra las mujeres, la cual se ha relacionado como una de las principales causas por las que se inhibe la participación de las mujeres en las contiendas electorales, la diputada Mónica Estela Valdez Pulido, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para modificar el artículo 13 del Código Electoral del Estado de Michoacán. Durante la sesión de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado, realizada en este día, la diputada integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática propuso modificar el artículo 13 de Código Electoral del Estado de Michoacán para que quienes aspiren a cargos de elección no hayan sido condenados o sancionados por violencia familiar y/o doméstica, o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público. Así mismo no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal, así como no haber sido persona condenada o sancionada mediante resolución firme como deudor alimentario o moroso. Se indica en la propuesta que las personas que recaigan en los citados supuestos no podrán ser registrados como candidatos a cualquier cargo de elección popular. Durante la lectura de la iniciativa, la legisladora local, refirió que la presente propuesta es una respuesta a los alarmantes datos de violencia familiar y delitos de violación sexual. Mónica Estela Valdez añadió que quienes aspiren a un cargo de elección deben obligarse a presentar una declaración de no existencia de antecedentes penales por cualquiera de los tipos de violencia contra las mujeres, o a no tener adeudos alimentarios, lo cual representa “el primer eslabón en la cadena de acciones que deberían asumir los partidos políticos para demostrar su compromiso con la lucha en contra de la violencia por razones de género”. |
Propone Mónica Valdez que deudores alimentarios o sancionados por violencia familiar o delitos sexuales no puedan aspirar a un cargo público
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