En el caso de Michoacán apuntó que en lo que va de este año, se tienen registrados 877 casos de violencia familiar
A propuesta de la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante de la Representación Parlamentaria de la LXXV Legislatura local, este martes el Congreso del Estado exhortó al Ejecutivo Federal y al Estatal para que asignen recursos presupuestales adicionales para la atención de violencia en la niñez y contra las mujeres.
Al hacer uso de la tribuna, la diputada por el Distrito de Puruándiro hizo alusión al contexto vivido por la pandemia de la Covid-19, y subrayó como fundamental que el Congreso participe de la discusión y ponga en la mesa temas como la violencia que se ha dado particularmente en contra de la niñez y las mujeres.
“Una medida gubernamental para detener los contagios fue el confinamiento, el quédate en casa, este aislamiento provocó que se disparara la violencia familiar, el incremento fue exponencial por el número de denuncias debido a golpes, maltratos físicos, verbales, psicológicos y económicos, que se han dado en mujeres, niñas y niños”.
En el caso de Michoacán apuntó que en lo que va de este año, se tienen registrados 877 casos de violencia familiar, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional, mientras que las cifras del Sistema DIF Michoacán, contabilizan 453 casos de violencia contra infantes, total que se duplicó en relación al que se tenía el año pasado.
Recordó que la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, establece en diversos artículos de forma reiterada, la prohibición y sanción contra el maltrato infantil, de la misma forma, obliga al Estado y sus instituciones a garantizar un entorno saludable, libre de violencia, explotación y maltratos a la infancia.
Asimismo la Ley por una Vida libre de Violencia para las Mujeres en el Estado establece la obligación de los tres órdenes de Gobierno para coordinarse y así prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como el mandato expreso para que la autoridad instrumente políticas públicas y acciones gubernamentales para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.
La también vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso, refirió que el exhorto formulado al Ejecutivo Federal y al Estatal es a nombre de quienes no tienen voz, pues resulta imposible que se cumplan los objetivos de estas leyes, si no se tienen recursos específicos para ello.
