El mecanismo deriva de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción
Actualmente, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) participa en la ejecución de un Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares, cuyo objetivo es fortalecer la operación, los programas y el marco normativo de la materia anticorrupción en México.
En este segundo ciclo de implementación del citado Mecanismo en la República Mexicana, Michoacán resultó, por sorteo, una de las entidades evaluadas; en este caso por sus pares de Baja California Sur.
Así, y como parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el TJAM se incluye en dichas evaluaciones las cuales valoran, entre otros aspectos, la existencia de un marco normativo, la operatividad de los sistemas de denuncia y las necesidades existentes en asistencia técnica para el cumplimiento de las políticas anticorrupción en el territorio estatal.
Si bien la cooperación con este mecanismo evaluador es opcional, “participamos con el objetivo de fortalecer los procesos que se han emprendido desde distintas instancias para combatir la corrupción en nuestra entidad; así como para avanzar en materia de transparencia”, comentó el magistrado presidente del Tribunal, J. Jesús Sierra Arias.
Al encabezar una reunión de trabajo para dar respuesta a dicha evaluación, el magistrado presidente subrayó la necesidad de continuar fortaleciendo la política anticorrupción en Michoacán.
“Tenemos avances importantes en lo estatal, pues contamos con una estructura jurídica que respalda al SEA y sus integrantes. El mismo Tribunal tiene competencias específicas en la materia, al contar con dos Salas Especializadas en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas, pero siempre es necesario continuar trabajando para que estos procesos impacten en la vida cotidiana de la ciudadanía”, expuso.
El Mecanismo Nacional de Revisión entre Pares, se basa en el Mecanismo Global de Examen de aplicación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC, por sus siglas en inglés), y su aplicación está a cargo de las Secretarías Ejecutivas de los sistemas locales anticorrupción, como en Michoacán, aunque también pueden aplicarlo las Auditorías Superiores de los estados, los Órganos Garantes y los Comités de Participación Ciudadana.
