Sus principios son parte de sus planes de trabajo
El candidato a la presidencia municipal de Morelia, Profr. Miguel Ángel García, mejor conocido como “El Profe Meza”, signó esta mañana el compromiso de la Agenda Anticorrupción propuesto por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción y destacó que las bases de este acuerdo, ya las tiene consideradas en su modelo de gobernanza urbana y de cultura ciudadana.
Signaron el compromiso, la MGAP Rosmi B. Bonilla Ureña, presidenta del CPC y los integrantes del mismo Mtra. Elizabeth Vázquez Bernal, Dr. Víctor Hugo Vieyra Avilés y Dr. César Arturo Sereno Marín así como el candidato García Meza.
En su momento, Bonilla Ureña estableció que este compromiso tiene la intención de fortalecer e impulsar el trabajo de la sociedad civil a fin de que sus propuestas sean tomadas en cuenta por las instituciones encargadas de la prevención, control y combate a la corrupción.
Al respecto, el candidato se manifestó satisfecho de que este compromiso que hoy se firma, ya es parte de su proyecto de trabajo basado en un modelo de gobernanza urbana y la cultura ciudadana que contempla la transparencia, la rendición de cuentas y fomentar el hábito de la denuncia.
También, un cambio de paradigma, el de pasar de ser habitantes de Morelia a ser ciudadanos ocupados por el bienestar de la sociedad y los convocará para que supervisen los gastos del municipio porque dijo, “es la sociedad la que debe evaluar al gobierno y no el gobierno se auto-evalué por sí mismo; ya basta de simulación”, apuntó.
En su momento los integrantes del CPC, detallaron los puntos del acuerdo entre los que destacan el monitoreo ciudadano de las compras públicas, el compromiso del presidente municipal de ser facilitador de la información sobre contrataciones públicas de los últimos dos años y el gobierno electrónico y uso de TIC´s.
Asimismo el fortalecimiento de la Contraloría interna, el establecimiento del Programa para la Consolidación de la Ética Pública como una herramienta integral para la promoción de conductas éticas, eficientes y de buen trato por parte de los servidores públicos y la protección eficaz a denunciantes y alertadores.
