Se debe responsabilizar a los servidores públicos de sus propias contrataciones y/o despidos de personal.
El diputado Salvador Arbizu Cisneros presentó una Iniciativa de reforma que busca evitar que los laudos laborales sean heredados por las administraciones y así, responsabilizar a los servidores públicos de sus propias contrataciones y/o despidos de personal.
Para argumentar su proyecto de decreto que modifica la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado, ante el pleno del congreso denunció que actualmente “este Poder legislativo cuenta con un sinnúmero de demandas laborales, las cuales han sido heredadas por otras legislaturas, lo mismo ocurre tanto en el Poder Ejecutivo, Poder Judicial y en los 112 municipios y el Concejo Mayor de Cherán”, sin que exista una debida planeación hacendaria para hacer frente a este problema.
Por eso, explicó que el objetivo del proyecto de Decreto es que “se contenga en los presupuestos la previsión de los recursos y se obligue a garantizar el cumplimiento de los compromisos por cada administración en funciones, así como se sancione a quien incumpla con dicha disposición”.
Aclaró que el problema de los laudos laborales de los servidores públicos es muy complejo para darle solución en una sola iniciativa, empero, “lo que hoy se pretende es que se asuma la responsabilidad de los servidores públicos en funciones de, al menos, considerar en los presupuestos estatales y municipales los montos que permitan hacer frente a dichos compromisos y no delegarlos a las siguientes administraciones”.
Ya que, continuó el legislador, al estar establecida la disposición que los obliga a realizar la previsión de los recursos económicos, “los obliga a atenderlos con prontitud y a realizar una entrega a las administraciones siguientes con finanzas sanas y un debido cumplimiento a los trabajadores y en caso de incumplimiento, se apliquen las sanciones respectivas conforme a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos”.
Contextualizó que hoy en día, “nuestro sistema jurídico mexicano cuenta con tribunales especializados en esta materia, los cuales se encuentran saturados por una gran cantidad de juicios que se han acumulado durante los últimos años, viéndose rebasados para poder impartir la justicia a lo que están obligados con los ciudadanos”, por lo que para la resolución de un juicio laboral “se estima una duración aproximada de entre 5 y 6 años para que el trabajador pueda ser reinstalado y ser cubiertos sus derechos como trabajador”.
También recordó que el problema se complica cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite la recomendación a los entes públicos, en los tres órdenes de Gobierno, por el incumplimiento de laudos laborales, mismas que obligan a provisionar los recursos suficientes y necesarios para el cumplimiento de laudos laborales, ya que a demás se violan los derechos humanos a:
“La legalidad, la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, al plazo razonable, así como al trabajo decente, en perjuicio de la personas que han obtenido un laudo a favor, por tal motivo estos deben ser cumplidos de manera oportuna y completa, ya que es obligación de los entes públicos el respetar, garantizar y respetar los derechos humanos, por lo que el Estado debe prevenir, investigar y sancionar la violación a éstos”.
