Es lamentable que apenas a unos días de su aprobación, ya haya actos de autoridad con sospechas de abuso de fuerza, señaló la diputada.
A unos días de que el Congreso del Estado haya aprobado la Ley que regula el uso de cubrebocas en el estado, ya hay actos de autoridad que despiertan suspicacias como el hecho de que tres personas hayan sido trasladadas a la barandilla en Santa Ana Maya y Pátzcuaro, eso a pesar de que aún no se ha publicado el reglamento respectivo de esta ley, señaló la diputada local morenista Cristina Portillo Ayala. “El ejecutivo debe recordar que esta ley no es un cheque en blanco, ni mucho menos una invitación para violentar los derechos humanos de la ciudadanía”, remarcó.
“Vivimos en un país con una penosa tradición histórica de violación a los derechos humanos y en el debate que se dio al interior del Congreso se advirtió por parte de los legisladores de mi partido, del riesgo que implicaba poner en manos de las corporaciones policiacas la vigilancia en el cumplimiento de esta ley, por ello es que se dijo que esta responsabilidad recaería en las autoridades sanitarias, pero en los casos de Santa Ana Maya y Pátzcuaro esto ha sido un pretexto para que la policía cometa detenciones”, dijo la coordinadora de los legisladores morenistas en el Congreso.
Cristina Portillo hizo un llamado a someter a vigilancia extrema a las corporaciones policiacas y esta es una tarea del ejecutivo, pero también de la ciudadanía. “No se ha cumplido con el mandato de la ley de difundirla al máximo para que la sociedad sepa que tiene salvedades que protegen a los ciudadanos de abusos y que permite excepciones en el uso de cubrebocas como es el caso de los niños menores de 5 años o los pacientes con ciertos trastornos de salud específicos”, apuntó.
Finalmente, Portillo Ayala señaló que los diputados morenistas estarán al pendiente de cualquier queja que haya de los ciudadanos en contra de abusos de parte de la autoridad. “Hacemos leyes para que sean instrumentos útiles para la sociedad y no para que sirvan de asidero para tropelías en contra de las michoacanas y los michoacanos. En otros estados, la obligatoriedad del uso de la mascarilla fue la justificación que sirvió para violentar los derechos humanos e incluso para asesinar a un joven, como ocurrió en Jalisco. No queremos que eso ocurra en Michoacán”, concluyó.
