1006/2020
La legisladora presentó este martes al Pleno del Congreso, una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado, a fin de obligar su creación
Las instituciones de educación media superior y superior, deben contar con unidades de género dentro de su estructura orgánica, como una acción eficaz para prevenir, atender, sancionar y erradicar los casos de violencia por razones de género, apuntó la diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
Por ello la legisladora presentó este martes al Pleno camaral, una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado, a fin de obligar la creación de dichas unidades de género, tal como ya existe en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México, Unidad Morelia.
“La violencia sexual y de género en los contextos escolares, como en casi todos los espacios de la vida social, tiene una condición estructural, sustentada en los estereotipos de género y en las relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres que imperan en la organización académica”.
La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en el Congreso, recordó que muchas mujeres han salido a denunciar casos de acoso en las universidades, que lejos de ser espacios libres de violencia, han terminado siendo espacios donde prevalecen múltiples formas de violencia sexual, desde acoso, chantaje, intimidación y humillaciones, entre otras, que ocurren en muchas de las ocasiones, con la anuencia silenciosa de toda la comunidad.
“Esta realidad ha salido a la luz pública gracias al activismo de los movimientos feministas que han visibilizado a través de las redes sociales, las manifestaciones y la instalación de tendederos, como medio de expresión y denuncia contra los agresores, así como la ausencia de instancias y protocolos que atiendan los diferentes tipos y casos de violencia que se presentan en la comunidad universitaria y en las instituciones del nivel medio superior”.
Pese a ello, Lucila Martínez refirió que la respuesta de las instituciones educativas ha sido inconsistente y se ha quedado, muchas veces, en el mero discurso, por ello lo indispensable que resulta la implementación de protocolos y el establecimiento de mecanismos de investigación y sanción eficaces, a través de unidades de género.
Ante el panorama que se vive, refirió que como Congreso del Estado se tiene la obligación de a la brevedad revisar y actualizar el marco normativo, con el propósito de prevenirlas y erradicarlas; así como evitar que lleguen a constituirse en delitos de mayor gravedad como la violación o el feminicidio.
Por ello, presentó este día la iniciativa de reforma en la que propone establecer la obligación legal para que las instituciones de educación media y superior constituyan unidades de género dentro de su estructura orgánica, como una acción eficaz para erradicar y atender los casos de acoso y violencia, así como para prevenir.
