916/2020
Con la finalidad de que haya más claridad en la aprobación o desaprobación de las cuentas públicas tanto municipales como en la estatal, el diputado local, Marco Polo Aguirre Chávez, presentó ante el pleno una iniciativa de reforma al artículo 31 de la Constitución Política del Estado de Michoacán.
El legislador priísta señaló que con esta reforma se proponen tres cosas puntuales, que del Decreto que resulte de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas no pueda ser observado; que los decretos correspondientes contengan, al menos, un apartado por cada unidad programática presupuestal fiscalizada y que en cada uno el Congreso del Estado se pronuncie respecto al estado que guarda la cuenta pública, y que la aprobación o no de la cuentas públicas por parte del Legislativo tenga como objetivo dar a conocer públicamente el estado que guardan y vigilar que en caso de existir irregularidades, los procesos e investigaciones para deslindar responsabilidades se lleven a cabo.
En su exposición de motivos, Marco Polo Aguirre detalló que, sí es incongruente que traten de reprobar o aprobar las cuentas públicas municipales o estatales de manera genérica, pues en el caso de los municipios cada uno debe ser aprobado o reprobado, mientras que en el caso estatal pareciera que si se reprueba la Cuenta Pública el responsable es el Gobernador del Estado, cuando en los hechos tanto el Poder Judicial como este Poder Legislativo han sido deficientes, tal cual lo han sido organismos autónomos y entidades paraestatales.
“Ante todas estas situaciones es que resulta necesario que este Congreso del Estado se manifieste con claridad, desde su atribución exclusiva para ejercer el control financiero del gasto público, aprobando o reprobando cada UPP, a cada poder y a cada entidad u organismo autónomo”, subrayó.
El diputado del PRI reiteró que la Legislatura que hoy integra ha sido capaz de construir una interpretación suficiente para elaborar el contenido técnico del dictamen, haciendo señalamientos precisos a las unidades programáticas presupuestales que aparecen como focos de alerta en los informes de nuestro órgano técnico de fiscalización, en la Cuenta Pública y en el análisis técnico que realiza la Comisión Inspectora.
