Concluye la capacitación virtual con la participación del magistrado penal Juan Salvador Alonso Mejía
Ante un nutrido público de alrededor de 300 personas, el magistrado abordó el tema Garantía del derecho a la salud en flagrancia de delitos por medio de dos plataformas digitales y con la participación simultánea de traductoras de lengua de señas mexicana. Explicó que en el inicio del proceso penal, la etapa de investigación tiene por objetivo recopilar la mayor información posible para consolidar las etapas del proceso.
“La intención es generarla con mayor prontitud, frescura y proximidad a la incidencia del hecho, porque esto implicaría mayor cercanía a la verdad. Son tres circunstancias que predominan para constituir este planteamiento original: tiempo, lugar y modo. Puede ser que el hecho se advierta por alguien que pueda controlar su incidencia en flagrancia y, ésta consecutivamente, constituir alguna persecución”, apuntó.
Alonso Mejía resaltó que “el derecho a la salud debe ser una responsabilidad garantizada y asegurada por parte de las autoridades en el ámbito de sus competencias; en este sentido, la policía como primer órgano de contacto en la escena, debe asegurar estos cruciales antecedentes indispensables para procurar e impartir la justicia de la mejor manera”.
Finalmente, el magistrado afirmó que “con el aseguramiento de la persona en un primer contacto, sin prisa, manteniendo la paz y el orden, sin comprometer su salud, se registra en el acto de investigación la prestación del servicio de responsabilidad sobre el derecho humano que requiere ser garantizado en el hecho delictivo en flagrancia”.
En la videoconferencia previa Grupos en situación de vulnerabilidad y derecho a la salud impartida por Janeth Martínez Mondragón, titular de la Fiscalía en Materia de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de la Fiscalía General de Michoacán, abordó características de algunos grupos en esta condición, como la diferenciación cultural, diversidad sexual, estado de salud, fisiología y apariencia física, religión y condiciones socioeconómicas.
Asimismo, expresó que para garantizar el acceso a la salud es imprescindible que servidoras y servidores públicos hagan uso del principio de igualdad y no discriminación, como una herramienta interpretativa o argumentativa con tratamiento diferenciado, que incluso se conoce como discriminación positiva, permitida para compensar los daños históricos que les han provocado estas situaciones de vulnerabilidad
