Firman Carlos Herrera y Poder Judicial comodato para instalación de Salas de Oralidad en los Centros Penitenciarios de Zitácuaro y Charo
Durante el acto protocolario, Carlos Herrera Tello, secretario de Gobierno, puntualizó que apoyar para la mejora en la infraestructura de espacios del Poder Judicial, es una muestra de la decisión del Ejecutivo de coadyuvar para el fortalecimiento de la impartición de justicia
“Para que se logre hacer justicia de una manera digna y con pleno respeto a los derechos humanos”, recalcó.
Herrera Tello reconoció que si bien hace falta por avanzar en la impartición de justicia, se tiene un progreso en la aplicación de los juicios orales y dentro de esto, se tienen que cumplir principios como el ofrecer espacios adecuados para realizar las actuaciones.
“Tenemos ya un gran avance, sin duda hay temas pendientes por concretar, la exigencia de justicia está en el núcleo de cualquier persona y familia, así es que cuenten con todo el apoyo necesario, incluida la gestión del Gobierno del Estado, caminamos juntos hacia el mismo objetivo”, añadió.
Al tomar la palabra, Héctor Octavio Morales Juárez, magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, reconoció el apoyo institucional y la voluntad del Gobierno del Estado.
“A través de este comodato se viene a consolidar el Sistema de Justicia Penal, lográndose con ello la construcción y acondicionamiento de espacios dignos para la impartición de justicia y no únicamente para los trabajadores públicos, sino para los propios imputados y sus familiares”, apuntó.
Finalmente, Miguel Wilfrido Machado Arias, Consejero Jurídico del Ejecutivo del Estado de Michoacán, destacó la suma del Gobierno del Estado para apoyos que estructuran los cambios y que permiten consolidar el Sistema de Justicia Penal.
De esta manera, queda a favor del Poder Judicial una superficie de 3 mil 267.08 metros cuadrados donde se instalarán y pondrán en operación “Salas de Juicios Orales”, mismas que vendrán a evitar el traslado de los imputados a los lugares donde se imparte la justicia, lo que generaba una expectativa de riesgo para la propia sociedad.
