En atención a los lineamientos emitidos por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), que tiene como principal objetivo vigilar que las áreas de internamiento para personas detenidas cuenten con condiciones dignas a fin de evitar que se violen sus derechos humanos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), realizó una visita de supervisión en los separos de la Policía Municipal de La Piedad.
Personal de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos y de la Fiscalía Especializada para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, encabezados por Rosario Berber Cerda y Félix López Rosales, titulares de dichas áreas, así como personal de la Policía de Investigación, llevaron a cabo un recorrido por dichas instalaciones a fin de vigilar que se cumpla con al marco jurídico establecido por los organismos defensores de estas prerrogativas.
Acompañados por la Fiscal Regional de La Piedad, Ireri Moreno Cruz, se verificó que dichas áreas cuenten con condiciones dignas para que una persona detenida pueda ingresar y quedar a la espera de que se le resuelva su situación legal y que ésta sea de su completo conocimiento.
En atención a las medidas preventivas del COVID-19, y tal como lo ha establecido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se verificó que el ingreso de una persona a dichos sitios sea bajo las medidas sanitarias correspondientes, como lo es la toma de temperatura, uso de cubrebocas y de gel antibacterial.
Otras de las condiciones que se supervisaron son que las personas detenidas tengan acceso a una llamada telefónica y que conozcan sus derechos y obligaciones.
La Fiscal Regional, Ireri Moreno Cruz, destacó el compromiso del Fiscal General, Adrián López Solís, quien ha instruido a atender estos lineamientos e impulsado acciones de difusión, respeto, defensa y garantía de los derechos humanos.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) es la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de la libertad en todo el territorio nacional, y entre sus funciones están las de prevenir actos que atenten contra la integridad física y mental de las personas privadas de la libertad; promover el respeto de la legalidad, impulsar el mejoramiento de las condiciones de alojamiento y alimentación digna y proteger la satisfacción de las necesidades de las personas con requerimientos específicos.
